Un giro legal ha sacudido el ámbito empresarial en México con la reciente impugnación a la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En la Ciudad de México empresarios del país han elevado barreras legales tras la publicación de la norma. En México este procedimiento refleja una defensa activa del sector ante una legislación considerada restrictiva.
Un juez federal desestimó en agosto los amparos promovidos por empresas ligadas a los magnates Ricardo Salinas Pliego y Carlos Slim por considerarlos improcedentes al analizar que la ley no les genera perjuicio inmediato sin actos concretos de aplicación. Además, se confirmó que aún pueden presentar una queja constitucional ante tribunales superiores.
Empresas de Salinas Pliego impugnaron el artículo 232 de la ley, que por primera vez prohíbe a todos los operadores transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros y también impedir que dichos gobiernos influyan en asuntos internos mediante medios de comunicación. Asimismo, cuestionaron restricciones en el tiempo de publicidad en televisión abierta y la prioridad de asignación de publicidad gubernamental a concesionarias sociales, comunitarias, indígenas y afromexicanas.
Por otro lado, Grupo Carso presentó una demanda contra trece artículos de la ley relacionados con la regulación asimétrica sobre agentes preponderantes como América Móvil. Estos artículos replican disposiciones de la ley anterior de 2014 sobre interconexión, tarifas y no discriminación, aplicadas durante años sin afectar el dominio de mercado del preponderante.
Amparos en telecomunicaciones
Además del juicio sobre el artículo 232, también se cuestionaron los límites publicitarios y los mecanismos de asignación preferente de anuncios oficiales. De igual manera, el abordaje regulatorio sobre agentes preponderantes ha sido señalado como excesivo e innecesario dentro del contexto competitivo actual.
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