La creación de una nueva clase de acciones de Meta permitirá a Mark Zuckerberg obtener liquidez sin comprometer su control sobre la compañía. La medida también podría ayudarlo a afrontar un impuesto extraordinario sobre grandes fortunas que California someterá a votación.
El consejo de administración aprobó las acciones Clase C, que otorgarán derechos económicos, pero no participación en las votaciones corporativas. La estructura entrará en vigor en enero de 2027 y también servirá para financiar inversiones en inteligencia artificial, adquisiciones y remuneraciones.
Las nuevas acciones de Meta protegen el control de Zuckerberg
Actualmente, el fundador concentra aproximadamente el 60% del poder de voto. Con el nuevo esquema, cada accionista recibirá una acción Clase C por cada título Clase A o B que posea.
La operación equivaldrá a una división accionaria de dos por uno, sin modificar los derechos de voto existentes.
Según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense, Zuckerberg podrá vender hasta el 20% de sus nuevas acciones Clase C, equivalente al 10% de su participación económica total.
Esta posibilidad le permitiría afrontar obligaciones fiscales sin perder su mayoría accionaria con derecho a voto.
Un impuesto millonario preocupa a Silicon Valley
La Proposición 40 contempla un gravamen único del 5% sobre el patrimonio de determinados multimillonarios residentes en California.
Sus promotores estiman una recaudación potencial de 100.000 millones de dólares durante cinco años, principalmente para financiar servicios sanitarios, además de alimentación y educación.
Para Zuckerberg, la obligación podría alcanzar 11.000 millones de dólares.
The New York Times informó que el empresario discutió esta situación con consejeros desde julio y solicitó alternativas para proteger su posición.
La compañía sostiene que mantenerlo en California resulta fundamental para coordinar sus operaciones y laboratorios de inteligencia artificial.
Mientras tanto, empresarios como Sergey Brin cuestionan la propuesta fiscal, cuya aprobación todavía depende de los votantes.
