La industria de seguridad privada enfrenta un punto de inflexión en México a medida que autoridades y organismos del sector empujan cambios regulatorios profundos para enfrentar la proliferación de empresas seguridad privada patito que operan fuera del marco legal vigente. La discusión se acelera mientras el Gobierno federal revisa un anteproyecto con la promesa de simplificar permisos y reducir plazos de autorización, al mismo tiempo que busca reforzar controles sobre armamento, infraestructura y personal de estas compañías.
Los representantes del sector incluido el Consejo Nacional de Seguridad Privada han advertido que las mejoras administrativas propuestas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no abordan el fondo de una problemática estructural arraigada en un marco normativo fragmentado que data de 2006. Para el organismo, este vacío legal favorece que empresas seguridad privada patito compitan con prestadores formales, generando riesgos operativos y deslealtad competitiva.
Vacíos legales y efectos en el sector
La carencia de una Ley General de Seguridad Privada ha sido señalada como el principal factor que permite que miles de empresas operen sin cumplir con requisitos mínimos de certificación, capacitación o transparencia. Los actores formales del sector afirman que esta ausencia no solo pone en riesgo la calidad de los servicios, sino que también afecta las condiciones laborales de los trabajadores y la seguridad de los contratantes.
Asimismo, la falta de un registro nacional único de prestadores y la asimetría jurídica entre normas federales y estatales complican la supervisión eficiente y fomentan la informalidad del mercado. Del mismo modo, sectores del empresariado han subrayado que la simplificación de trámites debe ir acompañada de mayores capacidades de inspección para tener un impacto real.
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