Las decisiones empresariales relacionadas con territorios en conflicto vuelven a poner sobre la mesa la importancia de la responsabilidad empresarial y derechos humanos. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos actualizó su base de datos de compañías involucradas en determinadas actividades relacionadas con asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados.
La actualización publicada el 25 de septiembre incluye 214 empresas procedentes de 11 países. De ellas, 61 fueron incorporadas en esta revisión, mientras cinco compañías que aparecían anteriormente fueron retiradas al determinarse que ya no participaban en las actividades analizadas.
Responsabilidad empresarial y derechos humanos gana relevancia
La mayoría de las compañías incluidas son israelíes. También aparecen empresas de Estados Unidos, España, China, Francia, Reino Unido, México, Sudáfrica, Países Bajos, Alemania y Luxemburgo. Entre las nuevas incorporaciones figura el conglomerado mexicano Orbia Advance.
La Oficina de Derechos Humanos explicó que esta actualización se concentra en actividades de sectores como agricultura, transporte, almacenamiento, gestión de residuos, energía, alimentación y hotelería. La base de datos responde a un mandato del Consejo de Derechos Humanos y fue publicada originalmente en 2020.
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Empresas enfrentan mayor escrutinio internacional
Para el sector privado, este tipo de evaluaciones muestra la creciente relevancia de revisar cadenas de suministro, inversiones y operaciones desde una perspectiva de derechos humanos. Los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos sirven como referencia para identificar y atender posibles impactos.
La inclusión en la base de datos se basa en criterios definidos por el Consejo de Derechos Humanos. La ONU permite además que las empresas involucradas proporcionen información y aclaraciones durante el proceso de evaluación.
Israel rechaza la caracterización internacional de los asentamientos y su misión diplomática cuestionó la base de datos, calificándola como un mecanismo sesgado. La Corte Internacional de Justicia sostuvo en una opinión consultiva de 2024 que la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado es ilícita. La opinión es jurídicamente autorizada, aunque no constituye una sentencia vinculante entre partes.
