Las llamadas comerciales no autorizadas podrían convertirse en un riesgo económico mayor para las empresas en México. El Senado aprobó este 7 de octubre una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor destinada a fortalecer las restricciones frente al denominado acoso telefónico comercial.
La modificación se concentra en los artículos 18 Bis y 127. El objetivo es impedir que proveedores realicen llamadas o comunicaciones reiteradas y persistentes con fines comerciales cuando el consumidor no las haya autorizado. La medida también alcanza la publicidad enviada mediante terceros.
Acoso telefónico aumenta los riesgos para las empresas
El dictamen establece sanciones que van desde 56 mil 570 hasta poco más de 2 millones 345 mil pesos para determinadas infracciones relacionadas con estas prácticas. Esta cifra es importante porque algunas referencias al tema pueden confundirse con 23 millones de pesos, pero el rango documentado en las fuentes legislativas consultadas llega aproximadamente a 2.3 millones.
Además, las empresas deberán prestar mayor atención al consentimiento de sus clientes y a la administración de bases de datos utilizadas para publicidad. La legislación ya contempla restricciones para contactar a consumidores que manifestaron su decisión de no recibir promociones.
Otra lectura recomendada: Coca-Cola llega a Miniso con productos coleccionables
Las estrategias de ventas deberán adaptarse
La reforma puede obligar a compañías con operaciones de telemarketing a revisar procesos internos, proveedores externos y mecanismos de autorización. Bancos, aseguradoras, empresas de telecomunicaciones y otros negocios con estrategias de venta telefónica deberán seguir particularmente la evolución de las nuevas disposiciones.
Asimismo, el contexto digital aumenta la importancia de estas medidas. La Condusef informó que 91 porcentaje de los reportes recibidos mediante su herramienta Consulta y Reporta se relacionaban con fraude o estafa, acoso telefónico y spam. Estos datos corresponden a un mecanismo enfocado en identificar números sospechosos y no exclusivamente a llamadas comerciales.
Para las empresas, el cambio coloca el consentimiento y el manejo responsable de información dentro de las decisiones de cumplimiento y atención al cliente. El dictamen establece un monto máximo cercano a 2 millones 345 mil pesos para las infracciones específicas contempladas.
