El gobierno federal reforzará la fiscalización mediante una reforma al Código Fiscal de la Federación que permitirá negar el Registro Federal de Contribuyentes a nuevas empresas si entre sus socios figuran personas vinculadas previamente a factureras. En México esta medida busca frenar desde el inicio la creación de compañías fantasma utilizadas para evasión fiscal.
La propuesta responde a un patrón identificado por las autoridades: redes de evasión que repetían socios o accionistas en distintas sociedades para emitir comprobantes de operaciones inexistentes. Además, el SAT quedará facultado para rechazar el RFC cuando detecte estos vínculos y evitar la reincidencia de prácticas fraudulentas.
Asimismo, se plantea agilizar las visitas de verificación a empresas sospechosas, reduciendo el plazo a 24 días para confirmar si los comprobantes digitales corresponden a operaciones reales. De igual manera, las compañías señaladas verán suspendida temporalmente su capacidad de facturar hasta que acrediten legalidad.
Negar RFC como medida preventiva
También los receptores de facturas falsas deberán regularizar su situación en un máximo de 30 días, pues de no hacerlo se suspenderá su certificado de sello digital. En consecuencia, se impediría la emisión de documentos fiscales válidos, limitando operaciones y protegiendo la recaudación.
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La reforma aparece ya en la propuesta del Paquete Económico con respaldo presidencial, como parte de una estrategia integral para fortalecer ingresos públicos y combatir la elusión. Como dato relevante, se estima que las factureras representan un boquete fiscal superior a 300 mil millones de pesos anuales.