La regulación del transporte autónomo en Estados Unidos entra en una nueva fase tras el anuncio del gobierno estatal. La gobernadora Kathy Hochul confirmó que impulsará una iniciativa para permitir la operación de robotaxis en Nueva York, con una exclusión clara para la ciudad más poblada del país.
El anuncio se realizó durante el mensaje anual sobre el Estado del Estado y busca ampliar el programa piloto de vehículos autónomos vigente. La propuesta habilitaría el despliegue comercial limitado de robotaxis de pasajeros en el resto del estado, mientras mantiene restricciones específicas dentro de la ciudad de Nueva York.
Robotaxis avanzan bajo supervisión estatal
El plan establece que las empresas interesadas deberán presentar solicitudes formales y demostrar respaldo de autoridades locales. Además, las compañías tendrán que cumplir estándares elevados de seguridad antes de recibir autorización para operar servicios comerciales.
Asimismo, varias agencias estatales participarían en la evaluación y supervisión del programa, entre ellas el Departamento de Vehículos Motorizados, el Departamento de Transporte y la Policía Estatal. El gobierno adelantó que los lineamientos detallados se incluirán en la propuesta de presupuesto ejecutivo.
Por otro lado, el anuncio fue bien recibido por desarrolladores de tecnología autónoma. Empresas como Waymo consideran que la iniciativa abre una oportunidad para integrar robotaxis en un sistema de movilidad más seguro y eficiente, alineado con políticas de control de tráfico y reducción de congestión.
Nueva York City mantiene barreras regulatorias
Sin embargo, la ciudad de Nueva York permanece fuera del alcance inmediato de la medida. Las normas actuales exigen la presencia de un conductor con control físico del vehículo, lo que limita la operación de robotaxis sin operador humano.
Aunque existen permisos temporales para pruebas controladas, el servicio comercial autónomo requiere licencias adicionales. En la práctica, los robotaxis solo han podido circular en pruebas limitadas y con supervisión directa, lo que mantiene el debate regulatorio abierto.
