Una reciente sentencia de la Corte Suprema del Perú marca un punto de inflexión para los trabajadores despedidos arbitrariamente. La Casación Laboral N.° 30805-2022 Lima establece que sí es posible reclamar una indemnización por daño moral, siempre que se demuestre que el despido vulneró derechos fundamentales o que se produjo con evidente animosidad.
Esta decisión refuerza la protección de los derechos laborales y fija un precedente relevante al distinguir entre el daño económico ya resarcido por la compensación legal y el impacto psicológico o reputacional que un despido injustificado puede generar en el trabajador. El fallo fue emitido por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, y sus implicancias ya se analizan en diversos foros jurídicos.
Además, la Corte detalla que la carga probatoria para acreditar el daño moral no exige una demostración literal del sufrimiento, sino una valoración racional de las circunstancias del despido. Esto permite a los jueces considerar pruebas indirectas, como testimonios o antecedentes del vínculo laboral, para determinar la existencia del daño.
Indemnización por daño moral: nuevos límites y alcances
El caso que motivó esta casación involucraba a un trabajador despedido sin causa justificada, quien solicitó reparación por afectación a su honor. El fallo no solo declaró fundado el recurso del trabajador, sino que además exhortó a los jueces a ponderar de forma adecuada las consecuencias extrapatrimoniales del despido.
La jurisprudencia no es vinculante para todos los casos, pero constituye una guía sólida para futuros litigios. En consecuencia, se abre una puerta importante para que los trabajadores peruanos accedan a un reconocimiento más justo de los impactos que un despido puede provocar más allá de lo económico.
En el Perú, alrededor del 70% de los casos laborales en tribunales están relacionados con despidos, según cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo publicadas en septiembre de 2025.
