El sector privado mexicano acordó con autoridades y sociedad civil un mecanismo inédito para enfrentar la inseguridad. El 11 de septiembre se firmó un pacto social que compromete a cámaras empresariales y organizaciones civiles a colaborar con el gobierno en prevención, capacitación y generación de entornos más seguros. La iniciativa busca blindar la inversión y mejorar la competitividad nacional.
El documento plantea protocolos de seguridad en espacios de trabajo y comunidades, además de mesas permanentes para dar seguimiento. Asimismo, prevé la integración de políticas de inclusión social, con énfasis en jóvenes y sectores vulnerables. Los empresarios advirtieron que la violencia ya no solo impacta a grandes corporaciones, también compromete la operación de micro y pequeñas empresas que conforman la mayor parte del tejido productivo.
Seguridad empresarial como prioridad nacional
La corresponsabilidad empresarial en seguridad responde a la presión de inversionistas que demandan certidumbre para mantener operaciones en México. En consecuencia, las compañías fortalecen cadenas de valor al impulsar entornos más seguros. Los gobiernos locales, por su parte, ofrecieron reforzar la presencia institucional en regiones críticas y agilizar la coordinación con el sector privado.
Los firmantes establecieron metas inmediatas para reducir delitos patrimoniales y extorsiones. También acordaron indicadores de evaluación trimestral que permitan medir resultados. Por otro lado, las organizaciones sociales señalaron que la violencia no puede combatirse solo con policías, sino con programas comunitarios.
El pacto cobra relevancia al considerar que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los costos de la inseguridad para las empresas en 2024 superaron los 120 mil millones de pesos, cifra que refleja la urgencia de medidas conjuntas.
