Un giro estructural redefine el papel de dos de las empresas más emblemáticas de México. A partir de octubre de 2025, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) dejarán de operar bajo el régimen de Empresas Productivas del Estado, para integrarse plenamente como empresas públicas controladas por el gobierno federal.
Este cambio se formalizó con la publicación del decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre, y entrará en vigor el 1 de enero de 2026. La modificación no implica una desaparición de estas entidades, sino una nueva figura jurídica que las mantiene con personalidad propia, pero les retira la responsabilidad de operar con criterios de rentabilidad económica.
Estrategia estatal y menor presión por utilidades
Además, ambas empresas deberán adecuar sus estatutos y estructuras orgánicas a su nuevo estatus jurídico, en un plazo no mayor a 180 días a partir del inicio de 2026. El decreto detalla que este ajuste no afectará derechos laborales ni obligaciones contractuales adquiridas con anterioridad.
En consecuencia, la CFE y Pemex ahora estarán sujetas a las reglas generales de las dependencias públicas federales, lo que implica una mayor fiscalización presupuestal y administrativa, aunque también podría traducirse en una menor presión por generar utilidades.
Este movimiento representa un regreso a esquemas de control estatal más centralizado, como parte de la estrategia energética del actual gobierno, que busca fortalecer el papel del Estado en sectores clave.
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