Los sismos acontecidos en territorio venezolano han generado un escenario de emergencia que compromete el abasto de insumos y la estabilidad de la infraestructura residencial. En este contexto de vulnerabilidad, los flujos de capital provenientes del exterior operan como un mecanismo de asistencia inmediata para cubrir necesidades básicas de alimentación, salud y resguardo. La eficiencia en la distribución de estos recursos depende sustancialmente de la supresión de cargas arancelarias y operativas que puedan retrasar o encarecer el apoyo.

Para mitigar el impacto de esta contingencia, se implementó una exención de tarifas que conecta los servicios de Banco Azteca y Venezuela, suspendiendo temporalmente el cobro de comisiones en las operaciones de envío de dinero. El objetivo técnico de la disposición es resguardar el valor neto de los fondos transferidos, asegurando que los destinatarios en las regiones afectadas perciban la ayuda financiera en su totalidad, sin deducciones por intermediación bancaria.

Operación del beneficio y conectividad digital

La aplicación de la tasa cero en los costos de envío se ejecuta mediante la infraestructura de las firmas internacionales Western Union y MoneyGram. La integración con estos operadores globales permite que las transferencias no requieran de montos mínimos ni estén sujetas a techos financieros para mantener la gratuidad, otorgando flexibilidad a los usuarios según el nivel de urgencia o el volumen del capital requerido para la reconstrucción.

Los mecanismos institucionales para realizar los envíos sin comisión abarcan dos vías de atención: las ventanillas físicas ubicadas en la red de sucursales de la entidad y la plataforma de banca digital a través de su aplicación móvil. Ambas opciones procesan la exención de manera automática para agilizar los tiempos de respuesta y garantizar el acceso al servicio desde distintas modalidades de usuario.

Límites de tiempo para la exención arancelaria

La vigencia de esta medida extraordinaria de apoyo financiero se mantendrá activa hasta el 10 de julio de 2026. Esta delimitación temporal busca cubrir el periodo de mayor demanda de liquidez que caracteriza a las etapas de reconstrucción y estabilización comunitaria posteriores a un siniestro natural.

Al remover los costos transaccionales, se busca asegurar un canal de financiamiento directo y eficiente que facilite la continuidad del sustento familiar y la amortiguación económica en las localidades venezolanas que registraron los mayores daños por la actividad sísmica.

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