Cómo la CDMX y empresas lucran con el discurso verde

Durante la llamada Semana de Acción “México por el Clima”, el Gobierno de la Ciudad de México se colocó en el centro del debate climático regional con un despliegue político y corporativo que, lejos de abonar a la transparencia o la acción ambiental, evidenció un nuevo capítulo del greenwashing institucional.

Expertos latinoamericanos con más de dos décadas dedicadas a la defensa ambiental advierten que el encuentro funcionó como un escaparate público para corporaciones señaladas por prácticas de brandwashing, avaladas por una administración que intenta proyectarse como líder climático mientras enfrenta inundaciones, crisis de residuos y falta de rendición de cuentas.

Mientras la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reiteraba en el Altar a la Patria que la capital “elevará su meta de reducción de emisiones en 35 % hacia 2030”, la ciudad seguía lidiando con miles de toneladas de basura diarias y drenajes colapsados por las lluvias. La paradoja es evidente, se habla de sostenibilidad en foros patrocinados, mientras la población enfrenta los efectos directos de una infraestructura deteriorada.

En 2025, se retiraron más de 11,800 toneladas de residuos de las plantas de bombeo del Valle de México, un dato que refleja cómo la gestión de desechos sigue siendo uno de los principales obstáculos ambientales de la ciudad. El discurso de Brugada sobre “unir sectores para actuar” se diluye entre montañas de basura y calles anegadas cada temporada de lluvias.

Pese a ello, el evento —encabezado por Erika Valencia Torres, directora ejecutiva de México por el Clima— se presentó como un espacio sin precedentes. Sin embargo, la afirmación es insostenible.

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En los últimos años, se han celebrado en la región encuentros de escala igual o mayor, como la Semana del Clima de Bogotá, el Foro de Sustentabilidad de Buenos Aires y, en 2025, la COP 30 en Brasil, que reunirá a más de 40 mil asistentes de 190 países. México, en cambio, organizó un evento local con fuerte inversión pública y privada, pero sin resultados verificables.

El costo del acceso al discurso verde

El evento no solo levantó cuestionamientos por su narrativa, también lo hizo por su costo. La llamada “experiencia VIP” tuvo un precio de 8,000 pesos por persona, mientras que la cena de “alto nivel” alcanzó los 10,000 pesos con la etiqueta de “cuota de recuperación”.

En un foro que presume responsabilidad social y patrocinadores millonarios, estos precios provocaron críticas inmediatas. Para expertos financieros y ambientalistas, estos cobros reflejan una apropiación del discurso verde: convertir la sostenibilidad en un lujo, al alcance de pocos.

Al ser un evento patrocinado con fondos públicos y privados, se espera que el Gobierno de la Ciudad de México rinda cuentas claras sobre el destino de los ingresos y los criterios de selección de patrocinadores, cuya reputación dista de ser limpia.

Patrocinadores y greenwashing empresarial

Entre las empresas involucradas se encuentran Cemex, Heineken México y Scotiabank, todas con antecedentes documentados de estrategias de marketing ambiental cuestionables.

Cemex, uno de los mayores emisores industriales de CO₂ del planeta, ha sido sancionada en diversos países por contaminación del aire y vertidos ilegales, y en México enfrenta denuncias por deterioro ambiental en comunidades cercanas a sus plantas cementeras. Aun así, aparece como promotora de “construcción verde” en la Semana de Acción.

Por su parte, Heineken México fue señalada por su uso intensivo de agua durante la sequía de Monterrey en 2022. Aunque la empresa donó parte de sus recursos hídricos tras la presión pública, especialistas recuerdan que su huella hídrica sigue siendo desproporcionada y su campaña “verde” opera como compensación de imagen, no como solución estructural.

Scotiabank, en tanto, se promueve como líder en finanzas sostenibles mientras financia proyectos petroleros y gasíferos en América y Canadá. Según el informe Banking on Climate Chaos 2024, la institución figura entre los veinte bancos con más recursos destinados a combustibles fósiles.

Estas alianzas permiten que las empresas obtengan visibilidad bajo el paraguas de la “responsabilidad ambiental” sin modificar sus prácticas, utilizando el respaldo del gobierno capitalino como legitimación institucional.

El greenwashing desde el poder

El discurso oficial de Brugada y Julia Álvarez Icaza, titular de la Secretaría del Medio Ambiente, insiste en que “la acción climática solo es posible con la unión de todos los sectores”. Pero detrás de esa consigna se oculta una relación funcional entre poder político y marcas privadas que se benefician de esa unión.

La participación discreta de Eduardo Murat Hinojosa, político priista con trayectoria en temas ambientales, refuerza esta lectura. Aunque no figura como organizador, su presencia como ponente empresarial evidencia la politización del evento y su uso como plataforma de visibilidad.

Más que una política ambiental integral, la Semana de Acción se convirtió en una campaña publicitaria. Mientras los discursos se centraron en metas a 2030, las comunidades enfrentan ya la pérdida de áreas verdes, la contaminación del aire y el desbordamiento del drenaje.

La contradicción no pasó desapercibida para organizaciones mexicanas y latinoamericanas que llevan más de 20 años trabajando en conservación y justicia ambiental. Para ellas, “el gobierno capitalino está utilizando la crisis climática como bandera política y los foros verdes como pasarela de imagen”.

A pocos meses de la COP 30 en Brasil, la diferencia es evidente. Mientras otros países de la región preparan debates sobre transición justa y rendición climática, la capital mexicana parece más interesada en los reflectores que en las reformas. La sostenibilidad, aquí, se ha vuelto un escenario de campaña y una fuente de lucro disfrazada de esperanza.