La expansión de la demanda de servicios de protección en México ha dejado al descubierto un desafío estructural en el sector de empresas de seguridad privada que afecta tanto a clientes como a trabajadores. El mercado formal se ve opacado por un elevado número de proveedores irregulares que operan fuera de la normativa vigente y presionan la competitividad del sector.
Estudios recientes muestran que por cada 10 compañías legales, aproximadamente ocho operan sin autorizaciones vigentes ni cumplimiento de requisitos laborales esenciales, según datos del sector empresarial.
La proliferación de firmas irregulares se traduce en prácticas que contravienen la legislación laboral y de seguridad en México. Muchas de estas compañías utilizan esquemas de rotación de guardias que exceden los límites permitidos de horas de trabajo y carecen de seguro social, prestaciones y formación adecuada para el personal.
Crecimiento sin regulación de empresas de seguridad privada
Además, la competencia desleal que generan estos proveedores impacta directamente en las empresas formales, elevando tensiones en licitaciones públicas y privadas que exigen estándares operativos estables y legales. Asimismo, la insuficiente supervisión estatal y federal facilita que algunos de estos actores participen en múltiples contratos sin la verificación de permisos o capacidad técnica.
Del mismo modo, entre los riesgos asociados a contratar empresas irregulares se encuentran sanciones económicas significativas que pueden alcanzar varios millones de pesos si no se verifica la validez de registros y licencias, además de exposición reputacional para quienes contratan servicios no regulados.
Este fenómeno también afecta la percepción de seguridad en el país y puede aumentar la vulnerabilidad de activos y personas al no contar con personal con formación y certificaciones actualizadas. En consecuencia, entidades empresariales y autoridades han planteado la urgencia de actualizar el marco normativo y crear mecanismos de supervisión más eficientes.
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