A siete meses del bloqueo en la mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, la minera canadiense, Americas Gold and Silver, cerró sus operaciones en la mina y reporta pérdidas superiores a los 20 millones de dólares.

Entre los gastos reportados se incluyen el pago de impuestos y nómina, y la pérdida de empleo de más de 300 trabajadores.

Americas Gold and Silver suspendió operaciones luego de que un grupo de individuos, encabezados por Yasser Beltrán, protegido del senador Napoleón Gómez Urrutia, tomó y bloqueó ilegalmente las instalaciones. A través de su subsidiaria Triturados Mineros del Noreste, la minera dio a conocer a sus empleados que:

“Se suma una serie de actos vandálicos y engañosos que, también dañándonos a todos nosotros, ha venido efectuando un individuo de nombre Yasser, quien al parecer ha negociado vender el voto de ustedes a los obscuros intereses de un grupo sindical subversivo”.

Minera canadiense denuncia amenazas y violencia

Además, la minera canadiense afirmó que no existen condiciones para operar sin amenazas, extorsiones y violencia. También lamentó las grandes pérdidas económicas de la empresa que también afectan a los trabajadores y a la propia comunidad de Cosalá.

En este sentido, la subsidiaria mexicana dio por terminada colectivamente las relaciones individuales de trabajo con base en el artículo 434 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, ante la imposibilidad de continuar operando y mantener las relaciones laborales con sus trabajadores.

Cuando concluyan los días de asueto de las autoridades del trabajo, Americas Gold and Silver procederá a dar el aviso respectivo y agotar el procedimiento legal previsto, a fin de llevar a cabo los pagos de liquidaciones a los trabajadores que pudieren llegar a determinarse.

La minera indicó que el conflicto laboral es un intento de despojo por parte de un grupo de individuos, que ilegalmente buscan apoderarse del contrato colectivo de trabajo y tomar el control de otras decisiones estratégicas de la mina. La empresa presentó diversas denuncias ante la fiscalía de Sinaloa, sin embargo, no han sido atendidas.